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Los anteproyectos de Ley sobre la cadena alimentaria y la integración cooperativa, aprobados hoy por el Gobierno, han sido valorados a Efeagro desde partidos políticos y el sector agrario, industrial y de distribución, aunque han suscitado también críticas por falta de información y eficacia.

El portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados, José Cruz Pérez Lapazarán, ha destacado que los anteproyectos de ley son normas "largamente esperadas" y "necesarias" dentro del sector.

Con respecto a la nueva regulación de la cadena alimentaria, ha indicado que permitirá corregir los "desequilibrios" en la cadena de producción agroalimentaria y solucionar la "falta de transparencia".

Por su parte, el portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados, Alejandro Alonso, espera que los anteproyectos impliquen medidas "contundentes" para mejorar las relaciones en la cadena agroalimentaria y favorezcan la concentración de las cooperativas.

En principio, el PSOE "está de acuerdo con los enunciados" de los anteproyectos, si bien es necesario analizar aún su contenido para conocer si incluyen actuaciones eficaces o son textos "vacíos".

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando Marcén, valoró la iniciativa para mejorar la cadena, de la que ha recordado que "llevamos demasiado tiempo esperándola porque hace muchísima falta", aunque "nos faltan muchos datos" sobre la propuesta.

Con respecto a la norma relativa a la integración de las cooperativas, un "hito histórico" según la entidad, Marcén ha subrayado que "pondrá a prueba" tanto al Gobierno central como a las propias empresas, mientras que los autonómicos "tendrán que demostrar si están de acuerdo o no" en fomentar su aplicación.

El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, ha declarado que la ley la cadena alimentaria "nace coja" y no servirá para corregir los desequilibrios en las relaciones entre productores, industrias o supermercados, lo que requiere cambios más "contundentes".

En cuanto al anteproyecto sobre las cooperativas ha dicho que es "fundamental" reformar la ley para garantizar el poder negociador del productor, pero que "se verá con el tiempo" la eficacia de las medidas propuestas por el Gobierno.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha criticado que desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no se haya trasladado ninguna información sobre el proyecto de ley para la cadena alimentaria, del que "no conocemos absolutamente nada", a pesar de que el sector lo reivindica "desde hace años", y ha instado a que responda a las "esperanzas" puestas en él por los productores.

Con respecto al segundo anteproyecto, ha añadido que "todo lo que sirva para concentrar la oferta y mejorar la posición de los productores ante la industria es una buena idea".

Por parte de los sindicatos, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Jesús Villar, ha denunciado que no se ha dado un "periodo de audiencia" para su redacción, algo que le parece "muy grave", y que "por lo que se ha filtrado", en la ley sobre cadena alimentaria "se perciben importantes ausencias" como la referencia a los aspectos laborales.

Desde UGT, la secretaria del sector agrario y manipulador hortofrutícola de la Federación de la Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag), Delia García, ha coincidido en que la interlocución con el Ministerio es "muy pobre o nula", por lo que "no conocen ningún borrador" sobre estas norma.

La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha destacado en un comunicado que, a falta de un análisis "en detalle", acoge "de forma positiva" el anteproyecto de ley de la cadena alimentaria, por considerar que "permitirá crear valor y seguridad jurídica en el sector, a tiempo que beneficiará al consumidor".

Por parte de la distribución, el director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha subrayado que "son las reglas de funcionamiento del mercado las que pueden conseguir la mejor asignación de recursos" y que cualquier intervención debe ser muy justificada, proporcionada y no discriminatoria".