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Las negociaciones para aplicar en España la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), el presupuesto para el campo y las nuevas leyes sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria destacan entre las prioridades del nuevo curso político para las organizaciones agrarias y cooperativas.

Los responsables de Cooperativas Agroalimentarias y de las organizaciones Asaja, COAG y UPA han resaltado, en declaraciones a Efeagro, las discusiones que esta misma semana han retomado el Gobierno y las Comunidades Autónomas (CCAA), en grupos de trabajo, para determinar el reparto de las ayudas de la nueva PAC.

Además, están a la espera del desarrollo de dos normas aprobadas en julio, con el fin de reforzar el poder del agricultor ante industrias o supermercados: la Ley para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y la Ley de Fomento de Integración de las Cooperativas.

El sector confía en que dichas reglamentaciones, proyectos "estrella" de la legislatura en materia agraria, estén listas al acabar el año y se apliquen a principio de 2014.

También han reconocido su expectación acerca del futuro político del actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

El director general de Cooperativas Agroalimentarias, Eduardo Baamonde, ha subrayado la importancia de aclarar "la letra pequeña" de la Ley de integración cooperativa -para conocer cuáles serán las medidas de apoyo- y de la Ley sobre la Cadena Alimentaria, para identificar las situaciones de "abuso" por parte de otros eslabones.

Respecto a la PAC, las cooperativas están preocupadas por la aplicación de medidas de mercado, el reconocimiento de las organizaciones de productores y por las "lagunas" relacionadas con el Derecho de la Competencia.

Baamonde ha explicado que el reparto de los fondos de desarrollo rural es "clave", por estar relacionado con las dotaciones que percibirán las cooperativas, dentro de la nueva ley que pretende fomentar fusiones "supraautonómicas".

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha señalado que es importante completar las negociaciones para que cada agricultor sepa cómo queda la reforma de la PAC, en aspectos como las primas por hectárea o la definición de agricultor activo.

Barato ha aludido a las leyes de la cadena alimentaria y concentración de la oferta y a la necesidad de que en esta "época compleja" puedan mejorar los precios que el agricultor o el ganadero obtiene por sus productos.

Asimismo, ha pedido al Gobierno que "siga apostando" por el fomento de seguros agrarios y que preste "atención" a la ganadería, sobre todo extensiva.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha reclamado al ministro que "no dé carpetazo" al diálogo con las organizaciones agrarias y les tenga presentes en las negociaciones para aplicar la PAC.

En esta discusión, ha reclamado que se defina como agricultor activo al verdadero profesional del campo, pues "es inadmisible" que haya 900.000 perceptores de subvenciones y solo 350.000 cotizantes del sector agrario, además de pedir que no haya "trasvases injustos" de ayudas entre productores, ni entre CCAA.

Ha solicitado que los distintos Ministerios estudien medidas fiscales ante el encarecimiento de los costes de producción (gasóleo o fertilizantes), que podría acentuarse por el panorama internacional y la "inestabilidad" por conflictos como el de Siria.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha pedido que si empieza a mejorar la situación económica el Ministerio deje de "recortar" los presupuestos para el campo en 2014, como ha ocurrido este año, en partidas como seguros o sanidad vegetal.

En cuanto a la PAC, ha apuntado su decepción por la reunión de julio entre Gobierno y CCAA, porque desde Bruselas se dio mucho margen a los países y en ella mostraron "interés por una foto fija" en la que, a su juicio, quedarían fuera de las ayudas directas sectores como los de frutas, hortalizas o porcino ibérico.

Ha lamentado, por otra parte, la profusión de robos en el campo, ante la que solicita más presencia de la Guardia Civil, y ha criticado el anteproyecto de Ley de representatividad de las organizaciones agrarias; a su juicio, si las elecciones al campo en 2014 no se hacen con un "proceso claro", provocarán "pucherazos".