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La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado ha rechazado, con los votos en contra del PP, una moción del Grupo Socialista en la que pedía al Gobierno que fije un límite máximo de 100.000 euros por perceptor y año de ayudas procedentes de la Política Agraria Común (PAC).

La intención del PSOE, según recoge la moción, era propiciar con ello "un reparto más justo de las ayudas" y aspirar a una PAC "más equitativa, y sobre todo que prime a la agricultura y la ganadería productiva".

Aunque la senadora del PSOE Fuensanta Coves ha admitido en su intervención que, desde que se elaboró la moción, ha habido avances en ese sentido, ha remarcado que establecer un límite por perceptor es relevante por la situación del campo y de la renta agraria.

Desde el PP, la senadora Marina Moya ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para "cambiar una propuesta de PAC que era muy lesiva para los intereses del sector agrario español".

A su juicio, el texto contiene aspectos "muy importantes" como la concesión de pagos directos, la flexibilidad o los avances en competitividad.

El Grupo socialista ha llevado otra moción sobre la PAC a la Comisión de Agricultura que ha sido igualmente rechazada con los votos en contra del PP.

En ella, los socialistas pedían que la PAC retenga un fondo determinado destinado a los ganaderos de nueva incorporación.

Esta moción la ha defendido el senador del PSOE Antonio Ernesto Arrufat porque, según ha indicado, una partida de tales características puede tener cabida dentro de los pagos del primer pilar.

El PP la ha rechazado porque, en palabras del senador Diego Sánchez, "no nos lo permiten las reglas comunitarias".

Y ha pedido que se valore la "sensibilidad" que ha tenido el Magrama y las comunidades autónomas con la ganadería extensiva.

Finalmente, la Comisión ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a que se ayude y facilite el traslado del ganado trashumante evitando trabas burocráticas y exigencias sanitarias innecesarias, a través de acciones coordinadas con las comunidades autónomas, "siempre y cuando se cumpla con la normativa nacional y comunitaria".

Entre otros puntos, el texto recoge la necesidad de que el Ejecutivo defienda en la Unión Europea la elaboración de un reglamento que regula la identificación y el registro de la especie bovina, en la que figure el término "trashumancia", con la finalidad de que se puedan tratar estos movimientos ganaderos de manera especial en la comunicación de plazos a la base de datos