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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado hoy el incumplimiento de la Ley de Morosidad en el sector porcino y ha pedido al Gobierno que "tome cartas en el asunto" para hacer respetar la normativa.

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha señalado que el cumplimiento de la regulación, que entró en vigor en julio de 2010, "ha sido desde el primer momento una quimera" en el sector agrario.

En particular, desde la organización subrayan que el sector porcino es uno de los que más está sufriendo el incumplimiento de la ley, del que recuerdan que en valor económico es el más importante en la ganadería española, con una cifra de negocio en 2011 de 5.308 millones de euros.

Según ha denunciado Santalla, los compradores de productos cárnicos están pagando a 120 días e incluso más, por lo que "en el mejor de los casos, se duplica el periodo de cobro que establece la legislación", de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días para las administraciones públicas.

En el caso de los productos alimentarios perecederos, la ley establecía un plazo máximo de 30 días en todos los casos, lo que, según UPA, "no se está cumpliendo en absoluto".

Por el contrario, ha añadido, los ganaderos denuncian que ellos sí tienen que hacer frente en un máximo de 30 días a los pagos de energía, mano de obra y alimentación animal, este último el coste más importante en términos cuantitativos y que este año ha aumentado "notablemente" debido a la sequía.

UPA ha explicado que, dada la situación del mercado financiero, este problema resulta "imposible de soportar" para el sector, por lo que ha pedido al Gobierno que "actúe lo más rápidamente posible para restituir la situación de cobros a lo que marca la Ley".