Ferias,
Mercados y Mataderos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha posicionado hoy "al lado" de las entidades sorianas que defienden la viabilidad del proyecto de la macrovaquería de Noviercas (Soria), aunque ha añadido que antes de aprobarla se aplicarán cautelas biosanitarias y medioambientales.

Con estas palabras pronunciadas ante el Pleno, Herrera ha contestado a una pregunta formulada por el portavoz de IU-Equo, José Sarrión, sobre el proyecto ganadero contra el que se han posicionado las instituciones de autonomías como Navarra y el País Vasco y que supondría la implantación de una explotación que acogería entre 15.000 y 20.000 cabezas de ganado bovino.

Herrera ha insistido en que en que su Ejecutivo aún no conoce los detalles del proyecto de la macrovaquería de Noviercas porque no se ha presentado oficialmente ante la Junta de Castilla y León.

"No matemos la posibilidad antes de conocerla, es una irresponsabilidad", ha sentenciado antes de sostener que su gobierno está "al lado de las entidades sorianas que defienden la viabilidad de este proyecto", entre las que se encuentran el Ayuntamiento de la capital y la Diputación de Soria.

El representante de IU-Equo ha argumentado que no son razones ideológicas las que le llevan a cuestionar este proyecto, sino que comparte las dudas expresadas por "cientos de explotaciones ganaderas" que, tras la desaparición de la cuota láctea y la crisis aparejada a esta circunstancia, cree ahora que este proyecto amenaza la existencia de un tercio de ellas.

En concreto, Sarrión ha calculado que la implantación de esta macrovaquería puede significar la ruina para 432 explotaciones y los 726 puestos de trabajo vinculados a ella, debilitando un factor "esencial" para el mantenimiento del medio rural.

Para el líder de IU-Equo, este modelo conduciría a una "guerra entre provincias", basada en ofrecer a la provincia de Soria 250 puestos de trabajo "a costa de la destrucción de empleo ganadero en el resto de provincias", en lugar de aplicar un modelo de desarrollo sostenible.

Herrera ha subrayado que Castilla y León tiene una "rigurosa normativa medioambiental y biosanitaria, aplicada por funcionarios y sometida a garantías y controles externos y jurisdiccionales", por lo que ha considerado que tras los argumentos se basan en un posicionamiento "claramente ideológico", con "claros prejuicios".

El presidente ha rechazado la posibilidad de que esta potencial implantación vaya a derivar en una "guerra entre provincias" y, al contrario, se ha apoyado en la "práctica unanimidad" que existe en la provincia de Soria para respaldar su implantación.

Herrera ha reconocido que, sobre esta cuestión, Sarrión "argumenta bien y pone encima de la mesa cuestiones que son dignas de tenerse en cuenta", pero le ha pedido un "baño de realidad" para aceptar que es preferible que un proyecto de estas características se implante en un municipio de soria que "diez kilómetros más allá de la linde de Castilla y León".

El presidente ha recordado que puede tratarse de una "inversión importante" de entre 90 y 95 millones, con entre 250 y 400 puestos de trabajo aparejados, que la actual situación "parecen un lujo", ante los que no cree que deban presentarse "tantas reservas apriorísticas".

Para concluir, el presidente ha colocado la garantía legal y la actuación de los funcionarios frente a los "prejuicios" existentes ante este proyecto, para lanzar un "mensaje de tranquilidad y sosiego" y "estudiarlo desde el punto de vista del empleo y medioambiental". "Lo desmenuzaremos con toda meticulosidad", ha garantizado.