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Ocho de los nueve acusados de pertenecer a una red de tráfico ilegal de carne asentada en la provincia de León han sido condenados hoy a penas de prisión menores, que van de los cinco a once meses, tras admitir su culpabilidad y llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Solo uno de los acusados, propietario de un matadero en la localidad leonesa de Oteruelo de la Valdoncina, ha rechazado un acuerdo de conformidad y ha defendido su inocencia, ya que en su caso el pacto con la fiscalía conllevaría la inhabilitación durante cuatro años para ejercer su profesión.

Los ya condenados por el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de León, todos ellos hosteleros o propietarios de empresas cárnicas, vendían o distribuían carne y embutidos sin las correspondientes garantías sanitarias y conociendo su procedencia irregular.

En el marco de esta operación, la Guardia Civil decomisó un total de 13.981 kilogramos.

La red ilegal estaba liderada por el propietario de una empresa cárnica en San Andrés del Rabanedo (León) que sacrificaba ganado ovino sin contar con la correspondiente autorización de las autoridades competentes en la materia.

Con ese fin utilizaba un sello falsificado que imitaba al oficial del matadero de León.

Para el cabecilla de la trama, la fiscalía solicitaba inicialmente penas de 4 y 3 años por sendos delitos contra la salud pública y continuado de falsificación de documentación oficial.

Finalmente, ha sido condenado a once meses por un delito contra la salud pública y a tres meses por un delito continuado de falsificación de documentación, así como a una multa de ocho meses a razón de seis euros diarios y la inhabilitación para cualquier profesión relacionada con la alimentación durante año y medio.

La investigación se inició en noviembre de 2010 a instancias de un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), a raíz de una denuncia anónima.

El cabecilla de la trama sacrificaba ganado ovino sin los correspondientes permisos y otro imputado distribuía sus productos sabiendo que carecían de las garantías sanitarias para su comercialización.

Otro de los condenados es propietario de una firma de cecinas de la provincia de León, cuya empresa, según la Guardia Civil, también comparaba carne ilegal y además no reunía las condiciones sanitarias necesarias para la manipulación de productos cárnicos.

Otros dos de los condenados vendían carne adquirida al cabecilla de la trama a pesar de que conocían su procedencia y la falta de garantías sanitarias.

La única mujer de esta red es propietaria de una empresa dedicada a la distribución, a la que se decomisaron 1.613 kilos de carne sin etiquetar y carente de la trazabilidad exigida.

También ha sido condenado el propietario de un restaurante que compraba carne ilegal a sabiendas de su procedencia.