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El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha reiterado hoy en el Congreso que las comunidades autónomas son responsables de la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), incluyendo las posibles correcciones por una incorrecta aplicación de los reglamentos.

Así lo ha destacado, en respuesta al grupo socialista que ha preguntado en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "sobre el hecho de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la Junta de Andalucía paralizando cautelarmente la decisión del Ejecutivo central de que pague la sanción por pastos".

En su intervención, Cabanas ha replicado que el Supremo "no ha dado la razón" a la Junta de Andalucía, como ésta dice, sino que se ha dictado una medida cautelar para que no se ejecute un acuerdo de Consejo de Ministros sobre las correcciones financieras por la admisibilidad de pastos, impuestas por la UE a varias comunidades.

Ha apuntado que esta decisión del Supremo se adopta en buena medida tras la decisión del Gobierno de España de presentar una demanda ante la UE para tratar de reducir o anular esta multa (262,8 millones para 11 comunidades autónomas, incluida Andalucía).

Ha recordado que España recurrió, tras consulta a las autonomías, la sanción de la Comisión Europea al considerarla "desproporcionada" y habrá que esperar la decisión del Tribunal de Justicia Europeo para ver exactamente qué repercusión tiene a nivel nacional.

Ha aclarado que la normativa europea ya incluía a la dehesa como superficie de pasto (afectada en un 83 % como admisible) a efectos de las ayudas de la UE y "la situación no ha cambiado".

Mientras tanto, la nueva definición conocida recientemente por las autoridades comunitarias, lo que hace es incluir superficies arbóreas o "pasto arbustivo", ha concretado el secretario general.

Ha reiterado que la responsabilidad de la buena o mala gestión de las ayudas de la PAC corresponde a las comunidades autónomas y no al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ni al FEGA que sólo son "coordinadores", ya que transfieren los fondos a los organismos pagadores regionales.

Por tanto, son las autonomías las que saben "a quién pagan, cómo pagan y en qué condiciones", es decir, si las abonan adecuadamente, porque también son ellas quienes tienen las competencias para establecer los controles de campo y no el Ministerio, según recoge la normativa actualmente vigente (un Real Decreto de 2014).

Ha afirmado que el Mapama había advertido hasta en 5 ocasiones durante diferentes ejercicios (entre 2008 y 2013) a las comunidades cómo debían aplicar correctamente el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP); así, sólo las que "no hicieron caso al Ministerio" han recibido sanciones y las sí no han tenido problemas ni multas.

"Hemos recurrido la multa de Bruselas" por desproporcionada, pero la responsabilidad recae en quien no haya controlado la aplicación de lo que establece la legislación, ha reiterado Cabanas.

Sin embargo, la diputada socialistas Josefa Inmaculada González ha afirmado que "el Gobierno español recibió una sanción de la UE por importe de 262,8 millones de euros" debido a una "incorrecta trasposición de la normativa relativa a la admisibilidad de pastos".

González ha insistido en que el Mapama puso en marcha en la campaña 2009-2013 una norma que debían aplicar las autonomías; una regularización que "a posteriori" la UE ve "inadecuada".

En este contexto, la diputada ha denunciado que el Gobierno "quiere hacer recaer una multa de 262,8 millones de euros a 11 comunidades autónomas" a pesar de que éstas últimas siguieron las directrices sobre el CAP que marcó el Ministerio.

Las multas son "responsabilidad" del Ejecutivo central, ha remarcado durante su intervención y ha afirmado que las comunidades "han cumplido escrupulosamente la normativa reguladora puesta en marcha por el Estado" y que han intentado colaborar junto al Ministerio para solicitar la suspensión de esta sanción a la UE, pero han encontrado, en cambio, "la callada por respuesta".

Ha advertido de la preocupación que tienen los agricultores y ganaderos andaluces, si tienen que abonar 63,7 millones de euros, porque verían perder un elevado importante de las renta que reciben de la PAC si se aplican las sanciones.