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La Alianza UPA-COAG ha demandado hoy la necesidad de aplicar una moratoria de al menos cinco años sobre la nueva normativa de gestión de purines y su repercusión sobre el cobro de ayudas de la PAC.

Esta organización agraria ha presentado ante la Consejería de Agricultura y Ganadería una serie de alegaciones al proyecto de orden que establece las normas de condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios de ayudas de la PAC en relación a la nueva normativa ministerial sobre la prohibición de aplicar purines y estiércoles en las superficies agrícolas.

Además, piden el establecimiento de un plan de apoyo que permita la adquisición de nuevos equipos y adaptación de los actuales a las nuevas exigencias, con una dotación lo "suficientemente ambiciosa" como para no dejar fuera a ningún agricultor a título principal por motivos presupuestarios.

Esta organización ha afirmado en un comunicado que las inversiones que habría que realizar para adaptarse a la nueva normativa "serían inasumibles por los agricultores y ganaderos".

En relación a los sistemas de aplicación de los purines en el caso de los "sistemas que no permitan la aplicación localizada en superficie" que recoge la norma, la Alianza UPA-COAG ha trasladado al Gobierno autonómico la necesidad de que se defina una altura máxima en estos sistemas, además de que se apliquen excepciones en la prohibición en el caso del sistema de plato invertido.

Además, han reclamado el establecimiento de varios plazos máximos para el enterrado de estiércoles sólidos en función de la época del año, sin que ninguno de ellos sea inferior a 15 días.

La organización agraria ha avisado de que si otros territorios nacionales son más permisivos, puesto que el Real Decreto establece que las comunidades autónomas pueden establecer excepciones, "los agricultores y ganaderos de Castilla y León estarían en desventaja al no poder ser tan competitivos, no sólo respecto de ellos sino también respecto de los de otros países europeos"