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El sesenta por ciento de los daños ocasionados por los lobos durante los últimos tres meses en Castilla y León han sido abonados a los ganaderos afectados, ha recordado hoy en Ávila el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El consejero ha ofrecido este dato a los periodistas momentos antes de asistir al Consejo de Dirección Abierto, durante el cual ha tenido la oportunidad de reunirse con representantes de la sociedad civil de Ávila, entre los que figuraban responsables de las organizaciones agrarias.

Tras señalar que la población del lobo se encuentra "en expansión" y que esa circunstancia "colisiona con la ganadería extensiva", Suárez-Quiñones ha reconocido que no se ha logrado atajar el problema al sur del Duero, donde los cánidos son una especie protegida.

"Nuestra actuación es la que tiene que ser porque tenemos una Directiva Europea que impide que el lobo sea en Ávila una especie cinegética cazable", ha recordado.

La única manera de controlar la población del lobo es mediante actuaciones excepcionales de control, de manera que la administración autonómica actúe "de oficio" con manadas donde "hay mayor colisión con la ganadería".

Suárez-Quiñones ha asegurado que eso es lo que se viene haciendo "con enormes dificultades", porque tienen un "seguimiento, incluso de autoridades judiciales, para que esas medidas de control extraordinarias, sean extraordinarias y estén perfectamente justificadas".

De esta forma, la Junta intenta controlar la población en aquellos lugares en los que "hay más daños".

"Al margen de ello", el titular de Fomento y Medio Ambiente ha recordado la visita que las autoridades europeas realizaron a la provincia de Ávila a finales de 2018, lo que sirvió para que en su opinión "recogieran esa preocupación" de los ganaderos.

En este contexto, ha subrayado el intento de "promover medidas preventivas" por parte de los ganaderos para evitar los ataques, pero ha admitido que, pese a todo, "los ataques se producen".

Por ello, lo que la Junta hace es indemnizar con un dinero que hace tres años "no era razonable porque tardaba mucho y la cuantía no era la adecuada", ha explicado antes de subrayar el hecho de que el año que se tardaba en indemnizar a los ganaderos afectados, haya pasado a ser "inferior a un mes".

"Ahora mismo podemos decir que el 60 por ciento de los ataques que se han producido en los últimos tres meses están abonados ya a los ganaderos en esas cuantías", ha apuntado.

Al respecto, ha abundado en la mesa de trabajo que existe con las organizaciones profesionales agrarias para abordar este asunto, con el objetivo de "mejorar las cuantías para que se adecúen a la pérdida real de ganadero".

Sobre la sentencia del TSJCyL anulando el Plan del Lobo, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha comentado que "los supuestos reveses judiciales son de sentencias no firmes", por lo que su departamento trabajará en que los recursos les den la razón porque "esto no se puede analizar sólo desde la óptica de la conservación".