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Las organizaciones agrarias UPA-UCE, APAG Asaja y Asaja Extremadura han exigido a la Junta la retirada del anteproyecto de Ley de la Dehesa de Extremadura, por no contar con el "consenso" del sector, tener un planteamiento "intervencionista y muy proteccionista", "excesiva regulación" y crear "más burocracia".

El secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y el de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, han reclamado en rueda de prensa la retirada de la norma, publicada en el Portal de Transparencia para consulta pública previa, y exigir a la Junta que abra un período de "reflexión" y "diálogo" con las OPAs.

Los representantes agrarios han criticado el "exceso de regulación" que contempla la norma "sobre algo que se está haciendo bien" por parte del sector y han defendido que la dehesa, un ecosistema único, "se mantiene como está" gracias precisamente a la actividad de los agricultores y fundamentalmente los ganaderos.

Han lamentado que no haya habido interlocución con las organizaciones agrarias, con las que "no se ha contado" en la redacción de la norma y a las que se presentó el borrador en la última reunión del Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) celebrada el pasado 17 de abril.

Asimismo, han echado en falta que las medidas que recoge el anteproyecto vayan acompañadas de presupuesto propio.

En su intervención, Huertas ha dicho que es "necesario" que se haga esta ley, después de "32 años sin modificaciones en profundidad", pero entiende que con una norma de este "calado", "tan importante" para la región, se debería haber "buscado mayor consenso".

Ha explicado que el anteproyecto establece "unos instrumentos de gestión" en determinadas superficies adehesadas, las cuales no se especifican, que son de "carácter obligatorio" cuando para fomentar la regeneración lo que se deben establecer son "medidas de apoyo".

La norma, ha añadido, añade "más papeles, documentación y burocracia", a los que ya de por sí hay con la PAC, y plantea "restricciones que pueden hacer perder rentabilidad".

Además, prevé la creación de órganos de gestión: el Consejo de la Dehesa y el Comité Técnico de la Dehesa, en los que no tienen representación las organizaciones agrarias, lo que sería "muy positivo" para la aplicación de la ley y hacer aportaciones.

Igualmente, la ley contempla un régimen sancionador "bastante excesivo", con "multas de hasta 1,2 millones", e introduce aspectos, como sanidad animal y vegetal, o incendios, que "no tienen cabida" en la misma y "ya tienen su regulación", ha añadido Huertas.

Entre las cuestiones positivas de dicha norma, ha destacado las ayudas al mantenimiento y mejora de la dehesa, el establecimiento de una marca de calidad para este ecosistema, al que se persigue también poner en valor como "elemento cultural" y potenciar su vertiente turística.

Para Juan Metidieri, el anteproyecto es "un verdadero despropósito hacia la dehesa, un marco regulatorio más de los que ya tenemos", en referencia a la sanidad animal y vegetal o la Ley de Montes.

En su opinión, se trata de "una doble expropiación encubierta", un instrumento de "intervención sobre los usos y actividades ganaderas en la dehesa".

Al igual que Huertas, opina que la Ley de la Dehesa "sería buena pero consensuada con todos", por lo que ha pedido su retirada.

Por su parte, Ángel García Blanco ha manifestado que es "la típica ley del político aburrido que llega el final de la legislatura y tiene que cumplir", y ha insistido en que la dehesa está "suficientemente regulada".

Ha apostillado que este ecosistema tiene dos problemas: su regeneración y la enfermedad de la "seca", que "se solucionan con dinero", de modo que ha exigido a las administraciones que "se dediquen a resolver estos problemas y después a legislar".

García Blanco ha coincidido en que debe retirarse por ser "un proyecto intervencionista, restrictivo y limitativo de los gestores de la dehesa, ganaderos, arrendatarios...".

El presidente de Asaja Extremadura ha cuestionado además el apoyo que la dehesa recibe en la comunidad, ya que en "la modificación del Plan de Desarrollo Rural (PDR) han quitado dos millones para el plan de regeneración de terrenos adehesados".