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Expertos han analizado hoy en Madrid los retos que se abren para los agricultores de cara a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) post 2020, que no será de aplicación al menos hasta 2022, que reduce los presupuestos y dirige las exigencias al campo hacia la consecución de objetivos concretos.

En el foro 'La PAC tras 2020", en el que han participado destacados analistas, se han planteado dudas debido a la flexibilidad que establecerá la UE para los Estados.

Concretamente se ha tratado el riesgo que supondría para el mercado único europeo el desarrollo de planes estratégicos en los países con diversos niveles de pagos directos por hectárea y diferentes interpretaciones sobre condicionalidad, auditorios o controles a los agricultores, por ejemplo.

El representante de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Tassos Haniotis, ha apuntado que es la primera vez que se acometerá una reforma con un Estado miembro en proceso de salida de la UE (Brexit).

Haniotis ha recordado que la PAC se verá condicionada por la volatilidad de los precios agrarios, por las implicaciones de acuerdos multilaterales de comercio que la presionarán y el cambio climático, que "será un catalizador" de la futura política agraria hacia mejores prácticas y nuevas tecnologías y sensibilidades.

La UE propondrá objetivos generales y los Estados podrán identificar sus propias necesidades, intervendrán según prioridades e implementarán medidas para conseguir objetivos concretos.

Ha remarcado que tendrá una "arquitectura verde", con gran importancia a las medidas medioambientales en primer y segundo pilar y al logro de objetivos climáticos, como la reducción de emisiones.

También ha apuntado el reto del relevo generacional, desarrollo de áreas rurales y alimentación-salud, al que suma la innovación y el desarrollo tecnológico y estadístico (big-data, Copernicus).

En declaraciones a Efeagro, ha animado a los productores españoles a aprovechar las nuevas oportunidades que plantea la futura PAC, más aún al tratarse de un país -ha dicho- que es una potencia en exportaciones agroalimentarias en la Unión Europea.

El pasado 2 de mayo, la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta de presupuesto 2021-2027 de 365.000 millones, con una reducción del 5 % para los fondos la PAC y de Cohesión.

El director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda ha subrayado que en la próxima década la producción cambiará debido a la percepción de la alimentación -que debe ser sostenible- y el crecimiento de la demanda global.

La posición española sobre la futura PAC -ha reiterado- será el resultado de un largo proceso de decisión en Conferencia Sectorial -entre Mapama y comunidades autónomas-, teniendo en cuenta las consultas realizadas a los agentes económicos y sociales.

Para Miranda, la PAC post 2020 debería conducir hacia prácticas sostenibles vinculadas a un mejor conocimiento en el sector y enfocar los apoyos públicos a los agricultores reales o "genuinos".

Al tiempo, ha defendido que las normas sobre condicionalidad sean establecidas por el Estado en función de sus territorios y que haya mecanismos de regulación y de respuesta frente a crisis de mercados.

En declaraciones a Efeagro, ha destacado la apuesta del Gobierno español por tejer alianzas con otros países europeos para lograr una PAC post 2020 favorable, con un buen punto de partida, porque la CE propone un recorte del 5 % cuando inicialmente se hablaba del 30 %.

El profesor emérito del Trinity College (Dublín), Alan Matthews, ha insistido en que habrá menos dinero para la PAC 2021-2027.

Si bien la CE ha apuntado un recorte del 5 %, este experto cree que la caída real (precios constantes) será del 15 % de media (-11 % en el primer pilar, es decir, el de ayudas a los agricultores y del -26 % para el segundo pilar o de desarrollo rural).

Matthews ha puntualizado que las propuestas de la PAC tienen más ambición en los compromisos sobre medio ambiente y clima, al menos en teoría, porque luego la CE incide en un "ecoesquema voluntario".

Por otra parte, ha aclarado que el "capping" o techo de ayuda de 60.000 euros por explotación planteado no será tal, puesto que se permitirá al beneficiario deducir los costes laborales que soporta.

El catedrático y especialista en economía agraria José María Sumpsi, ha valorado que el sector agroalimentario tiene una relevante regulación pública que condiciona y orienta la actividad y siempre, alrededor de cada reforma, "hay una gran expectación".

Más aún cuando se está a punto de conocer las propuestas legislativas de la Comisión sobre la reforma post 2020 para su debate con la Eurocámara y con el Consejo, ha abundado Sumpsi.

El foro 'La PAC tras 2020' ha sido organizado por Cajamar Caja Rural, la Cátedra Cajamar de Economía y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid, el Ceigram y la Asociación Española de Economía Agraria.