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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha iniciado el juicio contra cuatro de las principales empresas lácteas del país acusadas de formar un cártel que ya identificó y castigó con multa la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y que habría dañado así a una cooperativa de ganaderos.

El juicio, que comenzó ayer, tiene como parte acusadora a la cooperativa de ganaderos SAT San Antón, una entidad en concurso de acreedores cuyos ganaderos denunciaron prácticas irregulares cometidas por las principales firmas lecheras, que habrían acordado precios a la baja y ocasionado así pérdidas millonarias durante años.

La causa está relacionada con el supuesto "cártel lácteo" que descubrió la CNMC, organismo que en 2015 impuso una multa de más de 88 millones de euros a las principales empresas del sector en el país por considerar que habían participado en "conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia".

Durante la sesión de hoy han declarado diferentes peritos que han tratado de poner en duda los informes presentados para fijar las pérdidas ocasionadas a SAT San Antón durante el tiempo de la posible manipulación en los precios, el periodo comprendido entre 2000 y 2013, aunque con diferentes empresas implicadas en el total de la horquilla.

Los informes económicos elaborados por expertos contratados por las lácteas han discutido que se pueda calcular el volumen de pérdidas de SAT con datos de países como Portugal, Grecia, Alemania o Francia al considerar que "no son comparables" y han reprochado que los datos de la causa sumen los importes de los meses con pérdidas pero no atiendan a los de ganancias para calcular el posible daño a los ganaderos.

La prueba pericial defendida por Puleva Food ha subrayado que la existencia de un hipotético cártel no confirma ni desmiente un daño y ha lamentado que los informes económicos no tengan en cuenta datos como que pagó durante años a SAT San Antón más que al resto de ganaderos o que les concedió un préstamo de 2 millones sin intereses.

Otros expertos en mercados han defendido en sus periciales que no se aprecia un "cambio significativo" en los precios previos y posteriores al periodo investigado y han considerado que los datos económicos, al comparar a España con otros mercados, están desvirtuados.

Las empresas se enfrenta al pago a la cooperativa de 16 millones por las pérdidas ocasionadas por la posible manipulación de precios.

La titular del juzgado ha acordado incluir una diligencia final con nuevos datos sobre las altas y bajas de los miembros de SAT San Antón y sumar una nueva prueba testifical que se celebrará el próximo 22 de febrero.

Declararán cuatro testigos que no lo han hecho hasta ahora por diferentes problemas de citación o de identificación, tras lo que las partes presentarán sus informes, trámite que se cursará por escrito para abreviar el final de la causa.