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Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea pidieron hoy más flexibilidad en la reforma de la Política Agrícola Común con vistas a 2021-2027 y debatieron cambios en el Fondo europeo Marítimo y de Pesca a partir de una declaración de España, Francia e Italia a la que se opuso la Comisión Europea.

Reunidos en un Consejo, los ministros examinaron un documento preparado por la presidencia de la UE, que este semestre ejerce Rumanía, para conocer la posición de los países sobre asuntos como la revisión anual de los objetivos de la futura Política Agrícola Común (PAC) o el diseño de los planes estratégicos nacionales.

Sobre ese punto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, recordó que el Gobierno y las Comunidades Autónomas están preparando el primer plan estratégico nacional, que dentro de unos 18 meses será remitido a la Comisión Europea.

En ese contexto, consideró fundamental la evaluación del plan, que Bruselas propone hacer con carácter anual, y defendió una "flexibilidad, no desde el punto de vista presupuestario sino del cumplimiento de los objetivos".

La flexibilidad y la simplificación fueron los dos objetivos más reiterados por las delegaciones que participaron en el debate sobre la PAC.

También muchos países reiteraron la necesidad de contar con una PAC dotada de suficientes fondos para poder llevar a cabo los planes previstos y mencionaron la necesidad de resolver ese punto para poder cerrar la reforma.

Al respecto, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, respondió que serán precisamente los mandatarios europeos "quienes tendrán que solventar el tema presupuestario" de la futura PAC.

Por otra parte, los ministros debatieron una declaración presentada por España, Francia e Italia que pide mejoras en el Fondo europeo Marítimo y de Pesca con vistas al periodo presupuestario 2021-2027.

Planas explicó a sus homólogos que los tres países piden "una mayor flexibilidad" para tener en cuenta todas las circunstancias de las flotas nacionales, así como una mejora de las tasas de cofinanciación, para pasar del 75 % actual al 80 %, con derogaciones especiales para los grupos de acción pesqueros locales, para los que se pide el 85 % y para las regiones ultraperiféricas (con un 100 % de cofinanciación en este caso).

Delegaciones como Portugal, Malta, Grecia o Chipre acogieron positivamente la declaración de los tres países, mientras que Alemania, Dinamarca, Holanda y otros se mostraron en contra y subrayaron que es el sector privado más que el público el que debe implicarse en la financiación de algunas de las medidas de ayuda al sector.

Por su parte, el comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, reconoció que el Fondo Marítimo actual "supone una alta carga administrativa" y que hay que mejorar su gestión y hacerlo más flexible.

Sin embargo, subrayó que las ayudas que se conceden en el marco de ese fondo "no se pueden utilizar para poner en peligro los objetivos de la política pesquera", empezando por la sostenibilidad.

El comisario opinó que algunos de los elementos incluidos en el memorándum presentado por España, Francia e Italia podrían llevar a esa situación, al implicar un riesgo de aumento de la capacidad de la flota.

Según Vella, la propuesta presentada por Bruselas "ya ofrece vías para ayudar a los pescadores" y es importante lograr también la implicación de los países y del sector privado en la financiación de ciertas medidas.

También rechazó la idea de aumentar la cofinanciación con cargo al fondo, "para un sector que ha mostrado beneficios récord en los últimos años" y se declaró preocupado por la idea de modificar la definición de pesca artesanal costera, que consideró podría extenderse a buques que practican una pesca industrial.

Según el comisario, lo importante es conseguir la adopción a tiempo de este fondo, que los ministros de Pesca de la Unión debatirán de nuevo el próximo junio, con el objetivo de llegar a un acuerdo.