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La organización profesional agraria UPA-COAG ha reivindicado este lunes el papel de agricultores y ganaderos contra la "crisis climática y la despoblación", ante la a su juicio "criminalización" de la actividad agrícola y ganadera por parte de "movimientos fundamentalistas del animalismo y ecologistas ultras y radicales".

La organización agraria ha hecho un extenso balance en el que ha sostenido que 2019 "ha sido un año en el que la agricultura y la ganadería han sido especialmente criticadas por parte de determinadas asociaciones, colectivos, instituciones y también políticos, con argumentos simplistas y carentes de razón, responsabilizándolas de un sinfín de males, incluido el cambio climático"

Frente a "estas infundadas críticas, desde la Alianza UPA-COAG reivindicamos el papel fundamental que desempeñamos los agricultores y ganaderos en la lucha contra la crisis climática y contra el despoblamiento rural", han añadido desde UPA-COAG en la Comunidad.

De 2019 han destacado además que han continuado con la "reivindicación de precios justos para los productos agrarios, porque con unos altísimos costes de producción y un mercado desregulado que se inunda con producciones de terceros países que no utilizan los exigentes estándares productivos con los que trabajamos aquí, las explotaciones no alcanzan niveles de rentabilidad suficientemente remuneradores, lo que provoca el cierre y la falta de incentivo para que los jóvenes se incorporen a la actividad".

Los coordinadores de la alianza, Aurelio González y Aurelio Pérez, ha incidido en que ha sido un año con una sequía muy dura que ha afectado a todo el territorio regional, y más severamente a la zona sur de la Comunidad, dejando una producción muy inferior a la media de los últimos 25 años, lo que no se ha traducido "en buenos precios para los agricultores, que ha reducido la renta agraria y que ha provocado un importante aumento de costes en la alimentación del ganado".

Y han recordado que el año que termina, ha estado marcado por la ruptura unilateral del Acuerdo Marco Interprofesional por parte de Azucarera, lo que ha obligado a UPA y COAG "a emprender medidas legales acudiendo a la Corte de Arbitraje para que sea este órgano de mediación en conflictos el que obligue a esta empresa de origen británico a cumplir los acuerdos firmados en 2014".

Como aspecto positivo, "el trabajo realizado por la Alianza UPA-COAG en los tribunales ha dado sus frutos y los remolacheros han cobrado este año las ayudas de 3 euros por tonelada que la Consejería les quitó en 2011", han añadido desde la OPA.

Desde el punto de vista político, ha sido "un año en blanco" para el sector, por los sucesivos procesos electorales, y en cuanto a la nueva Consejería autonómica han recordado su disposición a trabajar conjuntamente por el sector pero "sin ir en menoscabo de la presión" que tengan que hacer "en defensa del modelo social y profesional de los agricultores y ganaderos a título principal" de Castilla y León.