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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este jueves que España ha logrado su objetivo de obtener al menos 47.500 millones de euros en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), aunque cambien las reglas para su aplicación.

En una comparecencia, antes de participar en la Conferencia sectorial con los consejeros de las comunidades autónomas, Planas ha precisado que España dispondrá de un total de 47.682 millones de euros para el periodo 2021-2027, de los que 39.156 millones corresponden al primer pilar (34.181 millones en ayudas directas) y 8.526 millones, al segundo pilar, dedicado al desarrollo rural.

"Cuando un agricultor pida las ayudas, las reglas van a ser diferentes. Hay quien no quiere enterarse de que es un cambio de 360 grados respecto a la antigua PAC, no solo en su arquitectura, sino también en función de la definición de las ayudas", ha señalado el ministro.

Planas ha recalcado que, utilizando "la misma metodología del Partido Popular en 2013", a precios corrientes el objetivo era no quedarse por debajo de los 47.500 millones de euros del periodo anterior 2014-2020, lo cual se ha "logrado".

Además, la cifra global se incrementará con el fondo de recuperación pactado esta semana por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), aunque todavía no están cuantificados los fondos que irán dirigidos al sector agroalimentario, según Planas.

En este sentido, ha avanzado que próximamente incluirán propuestas de agroalimentación y pesca en el plan nacional de inversiones y reformas que el Gobierno enviará a Bruselas.

El titular de Agricultura ha recordado que el 40 % de los fondos de la Política Agraria Común deberán destinarse a fines climáticos o ambientales.

La PAC "no es un fondo de cooperación interterritorial, sino una política para ayudar a los agricultores y ganaderos en su actividad", y para vencer las dificultades, ha propuesto fomentar un "régimen de pequeños agricultores".

Para los productores que tengan entre 6 y 10 hectáreas, el Gobierno sugiere un pago anual simplificado de hasta 250 euros por hectárea, al que también se pueden acoger los "agricultores genuinos", los que se dedican a la actividad agraria principalmente.

De esa forma, se alcanzaría a casi la mitad de los solicitantes de la PAC, se facilitaría la gestión de las comunidades autónomas y se harían frente a las externalidades y los posibles efectos sociales y ambientales.

Otro de los aspectos que Planas ha explicado que tratará con los consejeros son la definición de quién puede percibir las ayudas, la modificación del pago básico además de la "condicionalidad verde", la necesaria reducción del número de regiones productivas (hay más de 50 en España) y la desaparición de los derechos individuales.

Asimismo, ha sugerido la imposición de un techo de 100.000 euros en la percepción de las ayudas de la PAC, después de que el Consejo Europeo dejara en manos de los países la adopción de esa medida "voluntaria".

En relación con las propuestas ecológicas que deberán ser aprobadas, ha citado posibilidades como el pastoreo extensivo, cubiertas vegetales, rotaciones de cultivo, reducción de fitosanitarios y antibióticos, y aumento de la superficie agraria para uso no productivo y para agricultura ecológica.

Sobre el calendario de los próximos meses, Planas prevé que a principios de 2021 se alcance finalmente un acuerdo comunitario legislativo sobre las normas que configuran la nueva PAC, si bien esta entraría en vigor el 1 de enero de 2023, en parte por el retraso que ha supuesto la crisis del coronavirus.