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El coordinador estatal de la organización agraria Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, ha advertido este miércoles que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es "la cenicienta" del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021.

José Manuel de lasa Heras, en una rueda de prensa telemática desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), ha asegurado que el presupuesto medio de los ministerios sube un 22 por ciento mientras que el de Agricultura lo hace en un 10,47 por ciento.

Además, ha criticado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es "un mero transmisor" de los fondos europeos, carece de iniciativa para poner en marcha inversiones reales y se centra en "los gastos corrientes y poco más".

José Manuel de las Heras ha criticado que la ejecución de las inversiones reales no ha llegado al 60 por ciento de lo presupuestado y en el último quinquenio han quedado sin invertir 6.924,3 millones de euros, lo que ha considerado "muy preocupante".

A su juicio, en el proyecto de presupuestos para Agricultura existe "un conservadurismo", por lo que la Unión de Uniones ha presentado un total de 22 enmiendas.

Se ha quejado de que los 26.500 millones de euros que corresponden a España en 2020 de los fondos de recuperación, al Ministerio de Agricultura le corresponderán 406 millones, incluida la partida para la pesca, lo que ha considerado como "una ridiculez".

Valentín García Fraile, coordinador en Valladolid y miembro de la Ejecutiva de la Unión de Uniones, ha destacado cinco de las 22 enmiendas presentadas por la organización agraria, entre ellas la creación de una figura que reconozca el gasóleo profesional agrario al que se aplique un descuento de manera instantánea.

También ha destacado otra enmienda con una partida destinada al control de la superpoblación la fauna salvaje, que incluya ayudas al agricultor por daños en los cultivos, y una tercera para que haya dos tarifas eléctricas, en función de las necesidades de potencia de los regadíos.

Otra de las enmiendas están encaminada a la modificación del tratamiento fiscal que se dan a las ayudas a los jóvenes agricultores, para que se divida en cuatro anualidades, y la quinta, que no es de carácter económico, insiste en modificar la regulación que concede la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en los órganos de interlocución con las administraciones.