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El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado este viernes que Asturias defenderá de manera "clara, nítida y rotunda" y "con todos los medios a su alcance" al sector ganadero y la aplicación de su plan de gestión del lobo para realizar controles poblacionales a esta especie.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo asturiano, en rueda de prensa a preguntas de los periodistas, tras la decisión de incluir el Lobo Ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE), lo que abre el camino para la prohibición de su caza para el control y regulación de la especie, una decisión adoptada sin consenso ni diálogo, según las autonomías donde habita el 95 por ciento de los ejemplares en España: Principado, Castilla y León, Cantabria y Galicia.

Barbón ha apuntado que el Gobierno asturiano trasladará sus reivindicaciones al Ejecutivo central "de forma insistente" y ha asegurado que se trata de una posición "de la que no nos vamos a mover".

Según ha precisado, los ganaderos asturianos puede tener la seguridad de que "sus intereses se van a defender" ante la administración central.

Sobre este asunto, se ha pronunciado también la secretaria de Desarrollo del Medio Rural de la FSA-PSOE, Alba Álvarez, quien ha expresado su rechazo a la inclusión del lobo en el listado de especies en régimen de protección especial, al considerar que "esta decisión representa una amenaza para la supervivencia de la ganadería asturiana".

Ha recordado que esta decisión se ha tomado en contra del criterio de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, comunidades que albergan más del 95% de la población de lobo, "atendiendo el criterio de otros territorios donde la especie tiene escasa o nula presencia".

Además, ha recalcado que en el caso concreto del Principado "ya existe un plan de gestión del lobo que precisamente tiene como objetivo garantizar la convivencia de la especie con la actividad ganadera".

Por su parte, el secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha lamentado que esta medida supone "un nuevo desprecio del Gobierno de España a Asturias y pone de manifiesto la nula influencia de la Federación Socialista Asturiana (FSA) para trasladar los problemas al Consejo de Ministros".

“Esta decisión, carente de argumentos técnicos ni científicos, incluso puede llegar a invadir las competencias que las comunidades autónomas tienen en materia de gestión de especies y gestión cinegética, por lo que exigimos al Gobierno asturiano que destine todos sus esfuerzos a revertir esta decisión".

Asturias, Cantabria y Galicia y Castilla y León han expresado su malestar por esta resolución adoptada, que abre el camino para la prohibición de su caza, en el seno de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a instancias de una organización ecologista (ASCEL).

La resolución se decidió tras una segunda votación que ha decidido el voto de calidad del representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además de las cuatro comunidades del noroeste, han votado en contra País Vasco, Madrid, Andalucía y Murcia, mientras que Navarra y Comunidad Valenciana han renunciado al alegar la necesidad de un mayor consenso, y la ciudad autónoma de Ceuta no ha podido ejercer su derecho por problemas técnicos.

Lo servicios jurídicos de esos cuatro territorios autonómicos "analizarán las circunstancias que han rodeado la sesión de la comisión estatal" así como el propio acuerdo adoptado, y promoverán los recursos a su alcance "para impedir una decisión que no tiene ningún fundamento técnico ni científico".