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La Unión Europea (UE) se ha propuesto lograr una alimentación más sostenible desde el punto de vista ambiental frente a las reticencias de agricultores y cooperativas, que advierten de los mayores costes y de la competencia de otros países.

La "reciprocidad" en el control de las importaciones y exportaciones es una de las mayores reivindicaciones del sector agrario español, que denuncia que los acuerdos comerciales y las fronteras son coladeros de productos como carne, cítricos, arroz y tomate obtenidos en condiciones de competencia desleal.

El campo afronta 2022 encomendándose al cumplimiento de la Ley de la Cadena, con la esperanza de alcanzar ese punto de inflexión en la curva ascendente del precio de los insumos y, todo ello, en este año de transición definitiva hacia la Política Agrícola Común más “verde” de la historia.

Después de más de tres años de negociaciones, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) se cerró finalmente en 2021 en la Unión Europea (UE) y los países miembros elaboraron planes de aplicación nacional como el que España envía este miércoles a Bruselas para ser revisado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes cambios en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para 2022, subvenciones a la pesca y la acuicultura, y un mayor apoyo a las organizaciones de ganaderos.

El Parlamento Europeo (PE) ha dado el visto bueno final este martes a la segunda reforma de la Política Agrícola Común (PAC) más profunda de la historia de la Unión Europea (UE), que aumenta las medidas ambientales y da más responsabilidad a los Gobiernos en el reparto de ayudas al campo.